Estimada editora:

La transición nutricional en América Latina se caracteriza por la coexistencia de la desnutrición y el aumento acelerado del sobrepeso y la obesidad, un fenómeno conocido como la doble carga de la malnutrición (1). Paraguay ejemplifica este desafío de manera crítica, con una situación epidemiológica compleja que demanda una reevaluación urgente de las políticas de salud pública.

Los datos nacionales son alarmantes. La Encuesta Nacional de Alimentación y Nutrición (ENAN 2021-2022) reporta una prevalencia de retraso en el crecimiento del 12.5 % en niños menores de cinco años, con cifras que se duplican en áreas rurales y en los quintiles de menor riqueza, reflejando profundas inequidades sociales (2). Simultáneamente, la prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en la población adulta alcanza un 58.6 % (2), mientras que en escolares y adolescentes se observa una tendencia ascendente y preocupante (2,3). Esta doble carga no solo coexiste a nivel poblacional, sino que con frecuencia se manifiesta dentro de un mismo hogar, un patrón asociado con una mayor vulnerabilidad socioeconómica (1,4).

Los impulsores de esta crisis son multifacéticos. Incluyen la alta disponibilidad y asequibilidad de productos ultraprocesados, en contraste con el acceso limitado a alimentos frescos y nutritivos; el marketing agresivo de la industria de alimentos dirigido a poblaciones infantiles; y la insuficiente implementación de políticas públicas regulatorias efectivas (1,5). La inseguridad alimentaria actúa como un denominador común para ambas formas de malnutrición (4). Frente a este escenario, es imperativo que Paraguay fortalezca su marco de políticas con un enfoque de “salud en todas las políticas”. Las evidencias regionales demuestran la efectividad de medidas como la implementación rigurosa y sin dilaciones del etiquetado frontal de advertencia (Ley N° 7092/2023), siguiendo el modelo del perfil de nutrientes de la OPS, tal como se ha implementado con éxito en Chile, México y Uruguay (5). Asimismo, es crucial una regulación estricta de la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas con sellos de advertencia dirigida a niños, niñas y adolescentes. También se requiere el fortalecimiento de los programas de alimentación escolar, vinculándolos con la agricultura familiar para garantizar el acceso a alimentos frescos, locales y culturalmente apropiados. Finalmente, la inversión en sistemas de vigilancia nutricional continuos permitirá monitorear la eficacia de las intervenciones. Estas medidas regulatorias deben ir acompañadas de una estrategia nacional de educación alimentaria que empodere a los ciudadanos, junto con el fortalecimiento participativo de los programas de alimentación escolar y el apoyo decidido a la agricultura familiar para consolidar sistemas alimentarios locales más resilientes y saludables.

La comunidad científica y médica de Paraguay tiene la responsabilidad de abogar por estas medidas, basándose en la abrumadora evidencia generada tanto a nivel local (2,3) como regional (1,5). La inacción condenará a las futuras generaciones a una mayor carga de morbimortalidad por enfermedades crónicas, profundizando las inequidades en salud. El momento de actuar con decisión y con base en la ciencia es ahora.